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A través de un comunicado, esta organización recordó que es deber del Estado velar por la seguridad de la población de Cajamarca, las instalaciones y personal de la mina, y que las partes involucradas deben evitar todo tipo de acto violento durante la protesta convocada para mañana en esta región del país.
“La protesta y la huelga son derechos constitucionales, pero deben ser ejercidos con responsabilidad y en forma pacífica”, señala el documento.
Asimismo, sostiene que es necesario salir del entrampamiento generado por las partes cuando declaran como irrenunciables sus argumentos a favor o en contra de la ejecución del mencionado proyecto minero.
“(…) Creemos firmemente que todavía estamos a tiempo para encontrar canales de diálogo que puedan satisfacer a las partes (…) estamos seguros que se pueden encontrar soluciones alternativas”, añade tras considerar como preocupantes las versiones respecto a un posible uso de armas de fuego en la manifestación.
Señala, además, que el caso de Conga es tan importante que se puede convertir en la gran oportunidad para encontrar un nuevo esquema de solución de conflictos para resolver problemas originados por concesiones, sean nuevas o ya establecidas, a fin de que todas las partes puedan defender sus derechos.
IDL también considera lógico y legítimo que la población reclame la revisión del informe del impacto ambiental por una autoridad ajena al Ministerio de Energía y Minas, debido a un posible conflicto de intereses.
“Si efectivamente no existen los problemas que denuncia la población, ni la minería ni el Estado tendrían por qué oponerse a ello”, subraya.
En ese contexto, al calificar de entendible la preocupación de la población de Cajamarca por la posible afectación de sus lagunas y recursos hídricos, considera que el problema debería ser resuelto por un nuevo estudio hidrogeológico que despeje las dudas en torno a esta controversia.
Igualmente, señala que retomar el diálogo debería servir para abordar la necesidad de elaborar un ordenamiento territorial al suelo peruano, la forma en que deben hacerse las concesiones, el sentido de los estudios de impacto ambiental y la forma como la mina resguarda sus instalaciones.
También para discutir la necesidad de respetar las condiciones que permitan proteger la salud de las personas y el ecosistema, mejorar la forma en que la población puede beneficiarse con la inversión, así como encontrar la manera en que se incluya la opinión de las comunidades afectadas en la toma de decisiones respecto a su desarrollo, a través de la consulta a los pueblos indígenas y otras formas de participación.
“IDL espera que, así como el Estado busca la inversión en el país, también es urgente que cumpla su rol de tutela de derechos fundamentales y lo compatibilice con su principal norte: buscar la vida digna de los peruanos y peruanas, y promover un desarrollo sustentable sin daños ecológicos irreparables”, concluye el comunicado.
Un sector de la población de Cajamarca acata desde mañana un paro regional en protesta contra la ejecución de Conga, al considerar que pondría en riesgo el agua necesaria para el consumo humano en la región y la agricultura, hecho que es negado por la empresa Yanacocha, ejecutora del proyecto.
(FIN) NDP/CCR
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